Habitantes de la vereda Santágueda, de Palestina, presentaron una acción popular contra el creciente ruido en este sitio, convertido en espacio de recreación y descanso, lo que ha venido desencadenando en problemas de comunidad.

En primera instancia, un juez les negó la petición con la que pretendía que se ejerciera un mayor control. Por eso, acudieron a una segunda instancia, con la esperanza de que fallen a su favor.

Nuevos y problemáticos

Uno de esos problemas ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando vecinos de unos nuevos propietarios se quejaron ante las autoridades por una fiesta que les espantó el sueño.

Al saber que la comunidad llamó a la Policía, la emprendieron, como se aprecia en videos, contra una familia. En aparente estado de embriaguez, dos hombres amenazaban con agredirla y pedían a sus moradores que salieran para atacarlos a machete.

Tras la llegada de la Policía, las agresiones verbales continuaron por un rato. Según expresó el uniformado que grabaron, ya se había puesto un comparendo el día anterior, pero también cuestionaba a los afectados por las quejas que pusieron.

Un vecino de los afectados criticó la actitud del funcionario y mencionó que la situación del ruido ocurre con mayor frecuencia, en propiedades que alquilan durante fines de semana, pese a que no cuentan con registro nacional de turismo, ni matrícula comercial.

Ultimátum de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, en la reciente sentencia T-003 del 2026, protegió los derechos a la vida, la integridad y la educación de los estudiantes de una institución educativa y los derechos a la intimidad y tranquilidad de las personas mayores residentes en el sector.

Indicó que el alcalde de la ciudad o municipio debe definir el número de inspectores de Policía suficientes para llevar a cabo los controles y seguimientos de los establecimientos comerciales que superen los decibeles permitidos.

En cuanto a los derechos de los menores, es obligatorio generar entornos seguros, incluso en los espacios públicos como parques, donde se garantice su desarrollo integral sin que se vean impactados por comportamientos, así sean legítimos, por mayores de edad.

Frente a los adultos mayores, la Corte añadió que son objetos de especial protección y, "desde un enfoque diferencial, puede concluirse que, además de comportar un problema de salud pública, la contaminación acústica tiene un especial impacto en las personas mayores, llegando a afectar incluso su derecho a la intimidad y tranquilidad".

La Ley lo protege, haga valer sus derechos

La Policía ahora puede intervenir directamente, apagar la fuente de ruido y aplicar multas que pueden llegar a los $759 mil. Y si se trata de eventos masivos que alteran la convivencia, las sanciones pueden superar los $700 millones, dependiendo de la cantidad de personas que participen.

La norma también protege entornos especiales. No se puede alterar la tranquilidad en clínicas, hospitales, salas de velación, bibliotecas o museos. Tampoco se salva quien tenga una fiesta privada si esta afecta a los vecinos. Lo privado deja de serlo cuando se mete con lo público.

¿Qué dice la Policía?

De acuerdo con la Policía, los problemas son constantes entre dos familias y efectivamente, el primer día se impusó un comparendo a los ruidosos. Al siguiente no se hizo nada porque no hubo pruebas de que hubieran seguido cometiendo la infracción.

Los uniformados que atendieron el caso, hicieron la mediación correspondiente, pero lo siguiente ya corresponde a la Inspección de Policía, donde ya está el caso. Así mismo, se les indicó a los denunciantes que de llegar a pasar a las vías de hecho, será la Fiscalía la que debe intervenir.

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