Industrias Licorera de Caldas

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A dos meses de terminar esta administración, el gerente de la ILC, Andrés Elías Borrero, fue removido de su cargo.

 

LAPATRIA | MANIZALES

“Con mucha decepción, más que personal, es por el impacto a la compañía, porque esto manda un mensaje de confusión a los diferentes grupos de interés, a los bancos, aseguradoras, a las calificadoras de riesgos, a los proveedores, distribuidores y a los gremios. Una entidad que ha venido trabajando duro hace años y por eso hoy tiene mayor reputación y resultados”.

La reflexión la hizo ayer el gerente saliente de la Licorera de Caldas, Andrés Elías Borrero Manrique, luego de la petición de renuncia que le hizo el gobernador de Caldas, con lo que se ratificó la intención que tenía desde abril pasado.

Según el exgerente, el problema es que se ponen en juego mucho cosas, justo en la temporada más importante del año en materia de ventas, lo que genera incertidumbre a dos meses de terminar esta administración. “Pero a pesar de esa decisión, hoy me siento orgulloso, y me voy con la frente en alto al poder aportar al crecimiento de la compañía con juicio, con rigor, honestidad y transparencia, valores y principios”, defendió el exgerente.

 

Es político

Borrero Manrique dijo que se siente atropellado, puesto que no solo lo retiran a él, sino a varios funcionarios públicos que son estructurales, tanto del área de mercado, como de comercial, planeación, producción y de informática, entre otros, lo que debilita la compañía. “Por eso creo que la junta directiva debió conocer con antelación ese hecho, porque los procesos están enmarcados en un Gobierno corporativo y se debieron seguir los protocolos, que son los que nos ha dado credibilidad y argumentos para trasmitir la transparencia. Hoy se manda un mensaje equivocado”, indicó.

Tal y como lo publicó ayer LA PATRIA, Borrero Manrique sostuvo que es la muestra clara de que hay retaliaciones políticas, involucrando a la empresa, a pesar de los resultados que ha reportado la destilería. “No hay ninguna causa de carácter técnico para tomar estas decisiones, es simplemente política”, insistió.

 

¿Hay algún interés de iniciar la contratitis?

Sobre los despidos y el interés de iniciar una especie de “contratitis”, manifestó que no puede decir si se tiene esta intención, pero sí advirtió sobre el riesgo de que se pierda coherencia y transparencia. “Además, los miembros del comité directivo, por ahora, están ahí y saben cómo hacer las cosas y proceder de buena manera, por el bien de la entidad”, aseguró.

A todas estas movidas, el gobernador electo, Henry Gutiérrez, le dijo el jueves a LA PATRIA que apenas se enteraba de la noticia por este medio, y que su interés era hablar primero con el sindicato para tomar decisiones.

Al respecto, Borrero Manrique dijo que sí le cree, pues fue claro en que primero quería hacer un proceso de empalme para saber hacia dónde va la compañía. “Además estas decisiones hoy no son responsabilidad de él sino del actual”. Borrero negó que se hayan hecho contratos de publicidad en campaña política, pues para eso existe un comité de mercadeo y además estaban en Ley de Garantías, dijo.

 

Pocas juntas

El exgerente resaltó que aunque hoy la administración departamental saca pecho por los resultados de la ILC, se trató de una gestión empresarial y de su junta directiva, a la que muy pocas veces asistió.

Insistió en que los resultados hablan por sí solos, pese al efecto económico y el costo de varios insumos que impactaron el bolsillo del consumidor. A eso se sumó el cierre de fronteras con Cundinamarca, cuya demanda era de unas 7 millones de botellas solo en aguardiente Amarillo, de las cuales solo lograron vender 1,6 millones.

Esto permite pensar que la ILC termine este año con unas utilidades cercanas a los $54 mil millones, contra los $60 mil 700 millones en el 2022 y unas transferencias al departamento del orden de los 34 mil millones. Se incluyen las ventas totales de unas 38 millones de botellas de 750 mililitros, un leve descenso frente al año pasado, cuando bordearon las 41,8 millones.

A esto se suman sus ventas externas, que para este año podrían terminar en cerca de 1,4 millones de botellas de 750 mililitros, un repunte superior al ciento por ciento, considerando que antes se vendían unas 200 mil botellas, no más.

 

No sé de contratos

El gerente encargado de la ILC y secretario de Hacienda, Jaime Alberto Valencia, sostuvo que no sabe nada de que se hayan hecho unos contratos de publicidad en campaña política y que tampoco fue la razón por la que despidieron al gerente Andrés Elías Borrero. “Nunca he escuchado esa versión, por lo menos formalmente”. Aunque sostuvo que se generan muchas especulaciones alrededor, la decisión la tomaron ante el proceso de transición del nuevo Gobierno y de un cambio que puede hacer el gobernador en cualquier momento, al ser un cargo de libre nombramiento y remoción. Aunque sostuvo que es respetuoso de las críticas hechas por entes como la Corporación Cívica de Caldas sostuvo que se trata de decisiones administrativas.

 

El Amarillo ¿clonado?

El gerente encargado de la ILC sostuvo que adelantan los procesos legales y demandas comerciales contra la Fábrica de Licores de Antioquia, ante la nueva imagen de aguardiente que sacaron, ya que se trata de una copia de marca, pues si bien no hablan de aguardiente amarillo sí es idéntico y lleva a esa inferencia. Por esta razón se debe proteger el registro de protección de la marca, ya que se trata de un proceso de innovación propia de la destilería de Caldas.

 

Sí había otra nómina

El presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de Bebidas Alcohólicas (Sintrabecólicas), Víctor Bustacara, defendió la gestión del gerente saliente y aseguró que desconocen que el despido se deba a contratos de publicidad. En su concepto, tuvo un buen desempeño, aunque reiteró la crítica que se hizo en abril pasado, cuando cuestionaron que había varios empleos con contratación a término fijo y no se cumplía la convención colectiva de trabajo. Esto considerando que hoy se tienen 143 empleados oficiales (a término indefinido); unos 50 públicos (de libre nombramiento y remoción), antes de los despidos de esta semana, y 120 por contrato a término fijo. Por eso insisten que se deben ingresar a la planta, ante el crecimiento de la compañía. También consideran que sí existe nómina paralela en contratos por prestación de servicios, donde se tienen unos 40 empleos, crítica que le hicieron al exgerente y candidato a la Gobernación Luis Roberto Rivas. Bustacara negó que le hayan hecho campaña a Rivas y dijo que mantienen el interés de sentarse a la mesa con el nuevo gerente encargado y el próximo gobernador.