Las autoridades en Armenia, Quindío, fortalecieron su accionar contra la delincuencia mediante operativos de extinción de dominio y capturas que buscan debilitar las estructuras criminales que operan en la ciudad.

En la más reciente operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía 52 y la Dirección Especializada de extinción de derecho de dominio, se intervinieron varios inmuebles en los barrios Mercedes Centro, La Fachada y La Cecilia.

El trabajo coordinado entre varias autoridades ha permitido implementar investigaciones paralelas para atacar diferentes frentes del delito. Según declaraciones oficiales, mientras se realizan capturas y allanamientos, se avanza simultáneamente con la extinción de dominio recopilando material probatorio que evidencia el uso de bienes inmuebles y vehículos para actividades ilícitas.

Esta estrategia no solo busca encarcelar a quienes cometen actos criminales, sino también despojarles de los bienes adquiridos producto de su actividad delictiva.

Las incautaciones de bienes, para extinción de dominio, serán más frecuentes anuncian las autoridades en Quindío.

Bienes incautados con valor millonario

Durante las diligencias recientes, las autoridades aplicaron tres medidas cautelares a tres viviendas y tres motocicletas con un valor comercial aproximado de 645 millones de pesos.

Estas operaciones se enmarcan en un trabajo sostenido que ha permitido realizar siete procedimientos de extinción de dominio en los últimos seis meses, siendo la intervención más reciente desarrollada en los mencionados barrios de Armenia.

Objetivo: desarticular el grupo delincuencial La Secreta

Las investigaciones apuntan a que los bienes incautados pertenecían al grupo delincuencial común organizado La Secreta, una organización involucrada en homicidios y tráfico de estupefacientes en la ciudad de Armenia.

Los objetivos principales de la estrategia es detener a quienes operan dentro de estas estructuras criminales y afectar directamente sus fuentes de financiación, al privarlos de bienes obtenidos mediante actividades ilegales.

El impacto de estas operaciones se refleja en la confiscación de bienes y propiedades que eran utilizados para facilitar delitos como el tráfico de drogas y otros actos criminales.

La coordinación constante entre la Policía Nacional y la Fiscalía permite continuar con estos procedimientos de manera sistemática y efectiva.

Con esta ofensiva, se busca enviar un mensaje contundente a las organizaciones delincuenciales: no solo se enfrentarán a la justicia penal, sino que también se les quitarán los recursos obtenidos mediante actividades ilegales.