LA PATRIA | MANIZALES

¿Una pelea política llevada a los estrados judiciales? ¿Un evidente divorcio entre el alcalde de Riosucio, Marlon Tamayo, y el Concejo Municipal? Lo cierto es que el silencio impera entre ambos protagonistas y en la Fiscalía reposa una demanda por supuesto prevaricato por omisión.

Ante la solicitud de información de la Fiscalía ante el Concejo de esa localidad, LA PATRIA intentó infructuosamente durante dos semanas conocer por qué el mandatario elevó la denuncia y qué defensa tiene la contraparte, pero ni Tamayo ni William Largo, presidente de la corporación, quisieron referirse al tema.

El pasado 25 de abril, el ente acusador envió la carta para pedir que le remitieran copia del acta que ordenaba que los recursos no ejecutados para la vigencia del 2022, se aprobaran para invertirse en el 2023. También solicitó copia de las citaciones hechas a los jefes de despacho para que se presentaran en las sesiones extraordinarias que se iniciaron el 4 de abril de este año.

Un abogado consultado por LA PATRIA, indicó que el proceso apenas está en etapa de indagación y lo que estaría pidiendo el alcalde es que se investigue la negativa del Concejo a aprobar el uso de los recursos y si se ajustaron a la norma o si se violaron los preceptos legales, para saber si esto acarrearía consecuencias penales o disciplinarias.

Añadió que esto no implica todavía ninguna responsabilidad y será la Fiscalía la que determinará si se inicia una acción penal en debida forma.

En los zapatos del otro

El diputado Jorge Hernán Aguirre aseguró que poniéndose del lado del Concejo, hay que analizar desde cuándo se tenía a disposición ese dinero y si el alcalde se demoró en ejecutarlo, la culpa recaería sobre él.

Añadió que este año es de una puja política mayor a los anteriores y por eso se podría pensar que el objetivo sería sacar provecho en los procesos electorales. También reflexionó sobre si existe un distanciamiento entre ambas partes y existe un juego de contrapesos, donde saltaría a la vista la falta de cohesión y gobernanza, por lo que los concejales están en el derecho de votar negativo o positivo.

En el mismo sentido, su compañero de bancada liberal, Hernán Alberto Bedoya, sostuvo que no ve normal que estas contiendas se presenten, pero hay que analizar antecedentes entre Concejo y alcalde, pero las decisiones que tomen los corporados se deben respetar.

Por otra parte, Aguirre mencionó que si se trató de recursos recibidos a última hora durante el 2022, hay que pensarlo y buscar la manera de aprobarlos para no caer en el mencionado prevaricato.

Puntualizó en que más allá de las diferencias, muchas veces se debe aprobar lo que no va con los principios del político, con tal de beneficiar a la comunidad como en aspectos de educación y salud.

El delito

De acuerdo con el Código Penal, el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de 2 años y 8 meses a 7 años y 6 meses, multa de hasta $87 millones e inhabilitación para ejercer por 6 años y 8 meses.