La revelación sobre una presunta infiltración de disidencias de las Farc en organismos de seguridad desató ayer nuevas tensiones políticas en Colombia, mientras el Gobierno sostiene que se trata de "pruebas falsas" ligadas a las recientes acusaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, contra el presidente Gustavo Petro.

La investigación, divulgada por Noticias Caracol, se basa en comunicaciones internas del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) —una de las disidencias de las Farc— recuperadas de computadores, teléfonos y memorias USB incautados a sus mandos. 

El jefe de Estado, quien el lunes apuntó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos como fuente de la revelación periodística, reiteró ayer, sin mencionar a Trump, que el informe carece de sustento.

"La importancia de desmontar el análisis falso de Caracol, tiene que ver con el intento que hacen algunos odiantes corruptos de entregar pruebas falsas a EEUU para un posible 'indictment' (acusación) y darle razón jurídica al prejuicio que desató la frase 'Petro es el jefe de los narcotraficantes'", escribió Petro en X.

El mandatario estadounidense ha acusado a Petro durante los últimos meses de liderar una organización de narcotráfico y el Departamento del Tesoro lo incluyó en la denominada 'Lista Clinton', que bloquea transacciones financieras a personas señaladas de vínculos con el narcotráfico.

En respuesta a las afirmaciones de Petro, el expresidente Iván Duque (2018-2022) advirtió que deteriorar las relaciones con Washington "solo favorece a los criminales".

Los implicados niegan vínculos con disidencias

En las comunicaciones divulgadas aparecen mencionados dos funcionarios de bajo perfil público: el general retirado Juan Miguel Huertas, reintegrado este año al Ejército como jefe del Comando de Personal, y Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en 2024 y fue ascendido en febrero a director de Inteligencia Estratégica.

Según el reportaje, Huertas —cercano al presidente— habría ofrecido protección a disidentes y promovido la creación de una empresa de seguridad para facilitarles movilidad. 

En una carta publicada el lunes, Huertas negó tener vínculos con organizaciones armadas ilegales.

Mejía, por su parte, rechazó ayer haber tenido contacto con el EMBF y afirmó que nunca ha recibido instrucciones para reunirse con ilegales ni gestionar empresas fachada o armas.

"Niego de forma enfática cualquier participación (...) en actividades orientadas a: compartir información de inteligencia con grupos criminales; gestionar empresas fachada, trámites o permisos de seguridad privada; facilitar armas, municiones o explosivos, y promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y organizaciones armadas ilegales", expresó Mejía en un comunicado.

Silencio sobre la financiación de la campaña

A pesar de varias publicaciones del presidente en X, este aún no se ha pronunciado sobre otra revelación de Noticias Caracol: el presunto apoyo del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, a su campaña presidencial de 2022. 

En esos señalamientos también aparece mencionada la vicepresidenta, Francia Márquez, quien volvió a desmarcarse de las acusaciones ayer y aseguró en una entrevista con 'El reporte Coronell' que "jamás" ha tenido nexos con grupos armados. 
"El que nada debe, nada teme", dijo al pedir que se hagan todas las investigaciones pertinentes.

Investigaciones en marcha

La Defensoría del Pueblo, la entidad encargada de monitorear violaciones de derechos humanos, urgió a la Fiscalía y al Ministerio Público a abrir investigaciones penales y disciplinarias frente a los presuntos nexos entre altos funcionarios y el EMBF.

La entidad manifestó su "profunda preocupación" y advirtió que, de confirmarse las denuncias, habría "cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno" en un proceso de paz que debe ser "incorruptible", en referencia a los contactos del Gobierno con el EMBF.

La Fiscalía anunció el lunes la apertura de indagaciones sobre la supuesta cooptación de agentes estatales, la financiación de campañas y la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales, tras aclarar que no había recibido previamente los archivos incautados que sustentan el reportaje periodístico. 

La controversia, que estalló el domingo con la revelación televisiva, sigue alimentando cuestionamientos de la oposición y de sectores independientes, que piden esclarecer a fondo el presunto entramado entre mandos militares, funcionarios de inteligencia y estructuras disidentes, y exigen garantías de transparencia al Gobierno. 

Protagonistas del escándalo

Alias Calarcá

El jefe del EMBF es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba o solo Calarcá, un guerrillero de 43 años, 17 de ellos en las Farc, en las que hizo parte de Bloque Oriental, el más poderoso de la antigua guerrilla.

Con la formación de las disidencias, se sumó al Bloque Jorge Suárez Briceño, uno de los que hacen parte del EMBF, cuya dirección plena asumió en 2022.

Wilmar Mejía

Las comunicaciones reveladas por Noticias Caracol también mencionan a Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que, por su cercanía con Petro, fue nombrado director de Inteligencia Estratégica en la DNI, cargo que ejerce en paralelo con el de representante del presidente en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

Mejía negó también haber participado "en actividades orientadas a compartir información de inteligencia con grupos criminales; gestionar empresas fachada, trámites o permisos de seguridad privada; facilitar armas, municiones o explosivos, y promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y organizaciones armadas ilegales".

General Juan Miguel Huertas

El que aparece como principal enlace con las disidencias de las Farc es un oficial del arma de artillería que, según el Ejército, "desde el año 2021 había sido retirado de la institución por decisión del Gobierno nacional".

Según medios locales, Huertas fue llamado a retiro por informaciones de Estados Unidos que lo relacionaban con grupos armados ilegales. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo vinculó a un caso de "falsos positivos", como se conoce a las ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército para ser presentados como guerrilleros muertos en combate.

En 2022, se sumó con otros dos generales retirados a la campaña electoral de Petro, quien en agosto pasado lo reintegró al servicio activo como jefe del Comando de Personal del Ejército. 

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