El avance del Gobierno por consolidar la transformación del Sistema de Salud colombiano, asfixia y colapsa las EPS, eliminando su intermediación en el sector farmacéutico.

Contrario a lo sostenido por Petro, sobre su eficiencia y menor costo, los expertos en economía de la salud advierten que la transición generará graves desequilibrios, poniendo en riesgo la cobertura y la calidad del servicio, como actualmente el país lo está viviendo.

La realidad monda y lironda es que el sistema de salud se encuentra con respirador artificial.

La siniestralidad, versus costos ingresos, ha estado por encima del 100% desde el año anterior, terminando el 2024 en 118,5% lo que significa que por cada $100 entregados a las EPS vienen gastando $118.5 en la atención de sus afiliados, incrementándose las quejas ante la Superintendencia de Salud por barreras de acceso a servicios, que al día de hoy alcanza récord histórico.

Este escenario se extiende a todos los eslabones de la cadena, al sucumbir una por una ante las deudas millonarias, tal cual lo vaticinó Petro en una entrevista con la revista Cambio en el 2023, cuando habló del chu, chu, chú.

Según un estudio que seis economistas enviaron a la Corte Constitucional, las EPS han tenido un déficit de $11.9 billones en los últimos tres años por atender la prestación de los servicios.

A las instituciones prestadoras de salud IPS les debían hasta fines del 2024 $19.2 billones, según lo indicado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) que tuvo en cuenta los datos de 225 IPS; mientras en el sector farmacéutico los cálculos hablan de deudas con los gestores de $4 billones, de acuerdo a la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Asicf).

Todo esto agravado por la terquedad del Gobierno que no aumenta el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el sistema de salud colombiano asigna por cada afiliado para financiar los servicios de salud en los regímenes contributivo y subsidiado hoy denominado Plan Básico de Salud, antes POS, el cual ordena un reajuste periódico para garantizar la suficiencia financiera del sistema y la calidad en la atención.

Para este 2025 el Ministerio de Salud lo reajustó en 5,36%, insistiendo en que es más que suficiente. Mediante el Auto 007 del 23 de enero del 2025, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio del ramo la creación de un mecanismo de reajuste dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta decisión, por considerarla insuficiente.

Ante el impasse, el Ministerio expidió a regañadientes la Resolución 370 de febrero 28 del 2025, creando la Mesa de Trabajo para la revisión de la UPC, luego de miles trabas tratando de entorpecer el cumplimiento de lo dispuesto en el Auto de la referencia.

El chu, chu, chú del que habló Petro se está cumpliendo y de qué manera.

Pero como su militancia es ciega, los maestros de Fecode, pese a no recibir la atención requerida y mucho menos los medicamentos, le comen cuento a Petro al mentir y decir que a Audifarma le incautaron en el allanamiento 113.000 dosis acaparadas de insulina, cuando en la realidad es el inventario requerido para atender por dos semanas a 35.000 pacientes que la requieren.

A más de su ceguera son inconsecuentes, pues hoy están marchando en protesta por la pésima prestación de su nuevo sistema de salud.