Por el momento, van dos enviones fallidos en la construcción del Aeropuerto del Café. Ahora estamos en el tercero. El primer intento fue en el 2005, cuando se iniciaron las obras con la construcción de unos terraplenes. El proceso no llegó a buen término: una serie de actos de corrupción deterioró la imagen del proyecto -de la cual todavía no se recupera- y además, se presentaron problemas de inestabilidad en algunos sectores.
El segundo envión se dio en el 2021, mediante el contrato con la firma extranjera OHLA. Las obras se reiniciaron, pero la empresa incumplió los términos. Los precios ofertados no eran viables: estaban muy por debajo de la realidad. Los contratistas firmaron con la esperanza de mejorar las condiciones económicas a través de reclamos posteriores. Al final, no pudieron cumplir y alegaron que no estaban disponibles todos los sitios donde debía depositarse la tierra producto de la excavación -los llamados “zodmes”-. Finalmente, abandonaron la obra.
Ahora estamos en el tercer intento. Se adelanta un nuevo proceso licitatorio por un valor de $640 mil millones, que contempla la excavación y construcción de la primera etapa de la pista de 1.460 metros, con la que se reemplazaría el aeropuerto La Nubia y se permitiría la operación nocturna.
El proceso licitatorio ha sido aplazado varias veces. Se espera que se cierre el próximo 13 de noviembre, considerada la fecha límite ya que, si no se cumple existe una alta probabilidad de que el Gobierno reasigne los recursos a otros proyectos a nivel nacional. Es decir, la plata se pierde.
Es fundamental aprender las lecciones de los procesos anteriores. La discusión principal hoy gira en torno a la modalidad de pago del contrato, que será “a precio global fijo”, lo cual está generando inquietudes entre los posibles proponentes. El contrato agrupa las obras en 20 hitos, que corresponden al número de actividades contempladas. Bajo este esquema, el contratista solo recibe el pago cuando cada hito esté completamente terminado. La construcción de algunos de estos puede ser demorada y costosa, lo que genera preocupación financiera.
Aunque el proyecto cuenta con un buen nivel de estudios y diseños, después de adjudicado se tendrá un periodo de preconstrucción de 10 meses, durante el cual deberán revisarse los diseños y hacerse los ajustes necesarios, con el fin de evitar futuras reclamaciones. Aun así, siempre pueden aparecer imprevistos: riesgos geológicos, condiciones climáticas extremas o hallazgos arqueológicos que provoquen retrasos y costos adicionales.
El contrato también establece una retención del 5% del valor total de las obras, recursos que se entregarán un año después de finalizadas, como garantía de calidad. Esta práctica no es común en este tipo de contratos, pues para eso existen las pólizas de cumplimiento que el contratista debe entregar al momento de la firma. Todas estas condiciones han generado inquietud entre los posibles oferentes, que temen presentarse a la licitación.
También se cuestionan las exigencias de experiencia y capacidad financiera, tanto para la obra civil como para la interventoría, que prácticamente excluyen la participación de empresas nacionales. Una empresa extranjera, como ya se demostró con OHLA, no garantiza el cumplimiento del contrato.
La esperanza es que, en esta oportunidad, se logre contar con un contratista serio y responsable, que garantice la ejecución de esta primera etapa del proyecto en los 46 meses previstos: 10 de preconstrucción, 24 de construcción y 12 de control y seguimiento. Ojalá ahora sí, ¡la tercera sea la vencida!