El contrato de concesión de la Autopista del Café vence en febrero del 2027; es decir, aún falta más de un año para su terminación. A pesar de esto, recientemente el presidente, Gustavo Petro, ordenó su liquidación anticipada y el levantamiento inmediato de las casetas de peaje, una decisión en la que tuvo mucho que ver un congresista de la región y que ha convertido en su bandera electoral para su reelección en la Cámara de Representantes. Promesa que tal como están las cosas no se va a cumplir.
Una cosa es ordenar y otra muy distinta es cumplir. A la fecha no existe ningún incumplimiento del concesionario que justifique jurídicamente una liquidación anticipada. Por lo tanto, desde el punto de vista legal y financiero la orden presidencial carece de viabilidad.
La liquidación de un contrato de esta naturaleza debe ser firmada por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte, quien estuvo recientemente recorriendo la concesión y entregó un balance positivo sobre el estado en que se encuentra el proyecto. Visita que presentó como el “inicio del proceso de reversión de la Autopista”, la cual se interpretó como un cumplimiento de las órdenes del presidente, pero que en la práctica no fue más que un acto administrativo de inspección, sin efectos reales inmediatos.
Es importante entender que la reversión consiste en un proceso de empalme entre el concesionario e Invías, entidad que sería la encargada de recibir la autopista. Lo normal es que este procedimiento se realice al finalizar el plazo contractual. De acuerdo con lo anterior, durante este Gobierno no se levantarán los peajes ni se liquidará el contrato. Ningún funcionario asumirá los altísimos riesgos económicos, disciplinarios y penales que implicaría firmar una liquidación anticipada de un contrato de concesión sin razones de peso.
Bajo este escenario, será el próximo gobierno el que tendrá que decidir si la autopista se revierte al Estado o si se adjudica la propuesta de Iniciativa Privada (IP) “Conexión Centro”, presentada por Odinsa, aclarando que una IP no requiere recursos de la Nación, pues se financia con el recaudo de los peajes.
No se puede caer en la falsa ilusión de que el paso de la vía a manos del Invías traerá consigo el levantamiento de los peajes. El Instituto no cuenta con los recursos suficientes para garantizar el mantenimiento de la vía ni la ejecución de nuevas obras, por lo que es muy poco probable que vaya a desechar estos recursos. La opción más razonable para definir el futuro de la autopista es esperar hasta el mes de agosto, cuando llegue el nuevo gobierno, para solicitar a la ANI que retome la propuesta de la IP y la ponga en condiciones realistas, atendiendo las solicitudes de las regiones.
La propuesta de Caldas debería contemplar, entre otros aspectos, el levantamiento del peaje de Pavas y la reubicación del peaje del Campestre, trasladándolo hasta Tarapacá -con un incremento de la tarifa-; la terminación de la doble calzada Tarapacá-Chinchiná; y la mejora de los radios de giro de las curvas peligrosas en el tramo Estación Uribe-San Bernardo.
Un punto igualmente importante es atender a la comunidad mediante procesos de concertación que permitan establecer tarifas diferenciales en los peajes para quienes viven cerca de ellos y tienen que pagarlos reiteradamente.