El ejercicio del poder político ha sido una de las situaciones más complejas en la historia de la humanidad, sobre todo porque implica tomar decisiones que pueden conducir al bienestar o al fracaso de una sociedad. Cualquiera sea el tipo de régimen donde se ejerce, suele dividirse entre cargos uninominales como un presidente, alcalde o gobernador, y en órganos colegiados como cortes, consejos y asambleas. En este último caso, resulta preocupante lo que viene sucediendo con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y con la Asamblea de Caldas, respecto de sus funciones nominales para el nombramiento de fiscal general de la nación, rector y contralor departamental respectivamente.
Estos cuerpos colegiados tienen en común, que son públicos, o sea que sus funciones son regladas y en consecuencia, dado que nos encontramos en una democracia, sus deliberaciones y decisiones deben ser públicas. Pero la Corte Suprema de Justicia, actúa como si fuera una ONG privada y piensa que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera decir cómo están votando sus magistrados para elegir a la nueva fiscal general. Como bien lo explica el reconocido investigador y académico Rodrigo Uprimny Yepes, resulta paradójico que cuando se trata de decisiones judiciales mucho más comprometedoras para los magistrados sí se conoce como votan; pero en ejercicio de funciones administrativas sus deliberaciones gravitan entre lo secreto y lo clandestino. No en vano en el pasado reciente muchos magistrados han condicionado su voto por lucrativos puestos y contratos para sus parientes y amigos.
Ojalá algún día podamos saber, por ejemplo, por qué la Corte Suprema de Justicia nombró por unanimidad hace 4 años a Francisco Barbosa, un inexperto en temas penales, como fiscal general de la Nación y en cambio ahora, con 3 mujeres portadoras de acreditada experiencia y formación penal, sus votos no alcanzan ni siquiera para el umbral mínimo.  Por su parte, los votos del Consejo Superior de la UTP para nombrar rector dejan en evidencia el descontento de la comunidad académica por el manejo político con que el hermano del expresidente César Gaviria ha guiado los destinos de dicha Universidad. Para elegir rector en la UTP se requieren 6 votos de 9 y en una primera ronda de votaciones el profesor Alexánder Molina obtuvo 5 votos superando por uno a Luis Fernando Gaviria. Algo había qué hacer: y ahí fue cuando el voto del exrector Juan Guillermo Ángel, que había sido inicialmente por el profesor Molina, se inclinó posteriormente en favor de Gaviria en una reunión de exrectores en la que el propio candidato interesado en la reelección no sólo estuvo presente, sino que votó por él mismo. ¡Hágame el favor!
Finalmente, el departamento de Caldas lleva 26 meses sin contralor electo, dada la inoperancia de la Asamblea Departamental, situación que deja en evidencia la necesidad de una profunda reforma constitucional a las contralorías territoriales, que bajo el ropaje de un disimulado ejercicio de control fiscal, son reconocidas por una eficiente gestión clientelista. Lo que sucede con la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, con la UTP en Pereira y con la Asamblea en Caldas es el síntoma del desgobierno de los cuerpos colegiados públicos al actuar en contra de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, actos que terminan fortaleciendo la idea de que “la ley es para los de ruana” y por eso no aceptan cuestionamientos. Lo peor de todo es que dichos cuerpos piensan que están haciendo lo correcto.