Con lujo de detalle el centro administrativo de Colombia no ha sido capaz de responderle al resto del país, sobre todo a las periferias, que son las más olvidadas y pobres de Colombia y que más necesidades tienen. Hoy, en el Congreso de Colombia, se está debatiendo el acto legislativo 018 en el Senado y 437 de Cámara, el cual busca “fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios” y modificar los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. El pasado viernes, 8 de noviembre, en el Concejo de Manizales invitamos a su autor, el senador Guido Echeverri, y a su ponente, Ariel Ávila, para que nos contaran de primera mano los pormenores de este proyecto y cómo se han desarrollado los debates. En dicha sesión también participaron los secretarios de Hacienda de Manizales y de Caldas, así como el alcalde de Anserma y el presidente del Concejo de Neira.
Modificar el Sistema General de Participación (SGP) no será nada fácil; lo he dicho abiertamente: esta es una discusión ideológica. Todos aquellos que salen a atacar este acto legislativo tienen una mirada centralista del Estado; además, cuando han sido parte de los gobiernos nacionales pasados, sus inversiones han sido casi nulas para las regiones.
De los 1.100 municipios que tenemos en Colombia, la gran mayoría son de sexta categoría. En Caldas, de 27 municipios, más de 20 son de dicha categoría; es decir, territorios pobres, con poca capacidad de maniobra e inversión. Lo peor es que, cuando tienen dificultades de tipo medioambiental, como en estos momentos, no tienen los recursos para atender estas situaciones y, por tal motivo, son los más afectados.
La Constitución del 91 dejó contemplado que el Estado, por vía de transferencia, debía enviarles a los entes territoriales el 46% de los ingresos corrientes de la Nación. En el siglo XXI se realizaron dos reformas que no permitieron que esto fuera viable y lo dejaron en el 24%. Lo que pretende este acto legislativo, que ya va en el séptimo debate, es que estas transferencias queden en el 39,5%; por supuesto, sin que exista duplicidad de funciones. Ahora, serán los municipios y departamentos los que deberán, según sus necesidades, hacer las inversiones que realmente requieren. En este sentido, después de aprobado este acto legislativo se tendrá que aprobar una ley de competencias para que cada peso nuevo que llegue a las regiones implique a su vez una nueva responsabilidad.
Esta ley ha sido bien recibida por los alcaldes y gobernadores, que sienten que no son tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones en el centro del país. Pero, además, esto podría disminuir el tráfico de influencia y parte de la corrupción que hoy se vive, porque cada vez que algún gobernante de una región va a hacer gestión a nivel nacional, esos recursos que le otorgan ya llegan amarrados con un contratista determinado, o tienen tantos “peajes” y coimas que, al final, lo que se puede invertir en el territorio es muy poco.
Esto tampoco va a garantizar que esos recursos queden bien invertidos. Ya será una responsabilidad de los alcaldes y gobernadores de turno, y de un papel juicioso y preponderante de los concejos y asambleas, para que hagan un riguroso control político y vigilen la inversión de esos nuevos recursos.