Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, es decir que, el Estado tiene a su cargo la labor de garantizar la satisfacción de sus derechos como una prioridad. Claramente esto en Colombia no se cumple, ya que cada día hay más noticias que horrorizan al país por cuenta de este incumplimiento, en el que los niños, niñas y adolescentes se convierten en mercancía para el uso indiscriminado de los adultos. El último caso que ocurrió en la ciudad de Medellín, donde un extranjero presuntamente abusó de un menor de 12 años, se suma al de un estadounidense hallado con dos menores de 13 y 14 años en su apartamento, pero que además lo dejaron libre, permitiendo que regresara a su país sin haber respondido ante la justicia colombiana, lo anterior genera muchas dudas respecto a la poca o nula regulación normativa para atender estos casos, lo que termina revictimizando a los dos menores.
Pero el abandono de la niñez y la vulneración de sus derechos no solo se da por particulares o por personas de su núcleo familiar o cercanas a ellos, el Estado colombiano que tiene la obligación de salvaguardar y proteger a la niñez y a los adolescentes, y que además tiene una organización exclusiva para la protección de sus derechos, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), también falla. El caso más reciente fue la demora en la contratación en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), en algunos lugares del país por parte del ICBF, donde aproximadamente 400 mil niños se vieron afectados por estas demoras.
Sin lugar a dudas el ICBF tiene grandes y respetados profesionales, pero es una institución demasiado politizada que tiene intereses burocráticos muy fuertes que desvían lo realmente importante, defender y proteger a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Ya, de entrada, el panorama es desalentador porque nuestra niñez está abandonada, al garete y a la espera que noticias sobre redes de prostitución, microtráfico, trabajo infantil, entre otras se roben unos cuantos días las portadas de los medios sin que exista una respuesta veraz y directa del Estado y de los gobiernos.
Pero esas noticias son solo la punta del iceberg del abandono que vive hoy nuestra niñez. Cada vez que pasa un día donde en alguna institución educativa no hay un maestro por falta de voluntad política para su contratación se están vulnerando sus derechos. Cada vez que no están los escenarios deportivos dispuestos para el uso y disfrute, pero además no hay el personal profesional para dirigir y entrenar, se están vulnerando los derechos. Lo difícil es que esto se convirtió en paisaje y ya hay menos personas levantando su voz para que no siga pasando, pero además estos presupuestos se invierten en otras cosas porque los egos de los mandatarios de turno así lo definen.
La política pública que aborda estos temas debería estar en el centro de todas las discusiones, sobre todo el presupuesto debería aumentar, pero somos muy dados a que con el discurso todo lo podemos; sin embargo, a la hora de la inversión poco se hace. Con seguridad tener las casas de la cultura y las bibliotecas públicas siempre abiertas, además de una oferta cultural y de esparcimiento amplia para esta población, no resolvería el problema, pero ayudaría decididamente a que sus derechos sean menos vulnerados.