La primera parte del año 2024 en Colombia estuvo marcada por el fenómeno de El Niño, el cual se caracteriza por la ocurrencia de sequías muy intensas y prolongadas en gran parte del territorio nacional, teniendo consecuencias negativas con relación al desabastecimiento de agua, la generación de incendios forestales e incluso riesgos en la producción de energía eléctrica debido a la reducción del nivel de los embalses. Esta situación dejó en evidencia la alta vulnerabilidad de las regiones en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico, según los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el primer trimestre se presentó desabastecimiento en 277 municipios de 24 departamentos, obligando a las autoridades, en muchos casos, a tomar medidas drásticas como el racionamiento de agua y la imposición de sanciones monetarias, como sucedió por ejemplo, en la capital del país.
El departamento de Caldas no ha sido ajeno al problema, y se tuvo racionamiento de agua en cuatro municipios: Riosucio, Marmato, La Merced y Norcasia que sufrieron las consecuencias de la alta demanda, la ineficiencia de los sistemas de acueducto y especialmente la reducción de los caudales de las fuentes abastecedoras de agua, debido al impacto progresivo de la deforestación y a los cambios indiscriminados en los usos del suelo en las microcuencas. Las graves consecuencias que ha tenido el Fenómeno de El Niño nos llevan a pensar en la necesidad de implementar políticas para la conservación de los recursos naturales, consolidando estrategias en el corto, mediano y largo plazo que permitan abordar los problemas ambientales y de ordenamiento del territorio, sin dejar de lado la búsqueda de mecanismos para la reducción del consumo de agua, tema que requiere de la articulación y del compromiso de todos los actores de la sociedad: comunidades, entidades gubernamentales, sectores productivos, industria, comercio, entre otros.
Para esto, es necesario tener en cuenta varios aspectos: el primero y más importante es garantizar la disponibilidad del agua; el segundo, mejorar la calidad, reduciendo el Índice de Riesgo de Calidad del Agua -IRCA- que hoy tiene niveles muy preocupantes, tanto en el país como en el departamento; y el tercero, garantizar la accesibilidad al servicio de agua potable en condiciones de equidad y sostenibilidad. En la actualidad, la Gobernación de Caldas y las alcaldías tienen construidos sus planes de desarrollo y se encuentran en la etapa de discusión y aprobación en la Asamblea Departamental y en los concejos municipales, respectivamente. Esta última fase es la oportunidad para garantizar que todos los planes de desarrollo incluyan el agua como un factor protagónico, de igual manera, para que se incorporen todos los determinantes ambientales en búsqueda de la preservación y el cuidado de las cuencas, y para que desde el nivel departamental se brinden mecanismos eficientes, en los que el Plan Departamental de Aguas -PDA- y los municipios impulsen iniciativas para mejorar la accesibilidad al agua potable, incluyendo obras e infraestructura, pero también actividades para el fortalecimiento administrativo y organizacional de las comunidades, especialmente en la zona rural, tal como se ha implementado en proyectos exitosos, como el acueducto de Hojas Anchas en el municipio de Supía.
En Caldas, son varias las apuestas en esta materia y sobresalen varios proyectos de importancia regional: el acueducto de occidente, que deberá asegurar la construcción de su Planta de Tratamiento de Agua Potable -PTAP- para hasta 30 mil usuarios, beneficiando los municipios de Anserma, Risaralda, San José y Belalcázar; también, el acueducto de Aguadulce, proyecto que se encuentra en actualización de estudios y diseños, y que beneficiaría a más de 7.900 habitantes de 17 comunidades del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, en los municipios de Riosucio y Supía, necesitando el apoyo decidido del Ministerio de Vivienda para su financiación y ejecución; así mismo la terminación de la primera etapa del acueducto multiveredal de Neira, la finalización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- en Manizales, entre otros proyectos estratégicos que requieren de especial atención de todas las entidades.
El reto es muy grande y el Gobierno nacional está en deuda de pasar del discurso a las acciones, requerimos menos foros internacionales y palabras rimbombantes del presidente Petro, por el contrario, esperamos que la Nación en articulación con los mandatarios departamentales y locales, generen acciones concretas, hay que dejar de recordar el problema sólo cuando se presenta, el agua es la prioridad.