El titular de esta columna no se trata de una percepción ni de una denuncia aislada, es un dato oficial entregado por el Instituto Nacional de Salud a través de la plataforma SIVICAP- Sistema de Información para la Vigilancia de la Calidad del Agua Potable, que reporta que el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 2025 en la zona rural de Caldas alcanza 49.8, el nivel más alto del país.
Dicho indicador, que mide la presencia de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos en una escala de 0 a 100, clasifica cualquier valor superior a 35 como riesgo alto o incluso inviable sanitariamente; mientras el promedio rural nacional es de 17.5, Caldas prácticamente lo triplica, generándose que el agua que llega a los hogares campesinos caldenses no sea apta para el consumo humano.
Esta gravísima situación es un factor problemático de salud pública, debido a la causa de enfermedades gastrointestinales y afecciones prevenibles que castigan, como siempre, a los más vulnerables.
Este problema no se resolverá con diagnósticos, mesas técnicas y firma de pendones; requiere decisiones firmes y articuladas entre la Secretaría de Vivienda, el Plan Departamental de Aguas, la Territorial de Salud, Corpocaldas y la Secretaría de Medio Ambiente, pero, sobre todo, exige acciones en el territorio.
Es indispensable fortalecer las Juntas de Acueducto Rural, organizaciones campesinas que con grandes esfuerzos buscan el suministro y cuidado del agua, siendo necesario dotarlas de infraestructura, acompañarlas en los trámites de concesión y garantizar procesos de gobernanza del agua y tratamiento de aguas residuales. No basta con responsabilizarlas, hay que respaldarlas.
Las alcaldías a través del Sistema General de Participaciones (SGP) disponen de recursos para el mejoramiento del agua y saneamiento básico, los cuales, deben ser invertidos en obras, reforestación, compra de predios y acompañamiento a las comunidades en la gobernanza del agua; sin embargo, los reportes informan de una baja ejecución y cuya priorización en muchas ocasiones no está centrada en resolver las causas a los problemas que presentan las comunidades campesinas.
Por parte de la Gobernación de Caldas, el Plan Departamental de Aguas (PDA) tiene la oportunidad de realizar inversiones y ejecutar proyectos, pero se requiere priorizar medidas que sean de alto impacto, las cuales deben garantizar la viabilidad sanitaria del agua que consumen las comunidades rurales, es por ello, que se deben identificar acciones que trasciendan lo político y encuentren fundamento en lo técnico, como el seguimiento a la prestación del servicio, la planificación territorial, el control de nuevos asentamientos y la realización de obras para la calidad del agua.
Esperamos que esto no sea sólo un dato, sino la búsqueda de una respuesta a una preocupante realidad territorial. Caldas no puede seguir aplaudiéndose por sus indicadores urbanos mientras su ruralidad permanece invisible, obligada a consumir agua de mala calidad. Requerimos estrategias sólidas, priorizando la calidad del líquido vital por encima de los intereses políticos, que los recursos sean invertidos no en eventos, tarimas, concursos e inflar la imagen política de funcionarios, sino en resolver las necesidades de las comunidades.
El enlace de estudio: https://app.powerbi.com/viewr=eyJrIjoiNjY4MmVmNWEtNjNkNS00YWE0LTk4YWItYzE3ZWRkY2VkMzQyIiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageName=ReportSection0aac771691325bb3e001