La mayoría de los objetos que utilizamos en la vida cotidiana (las viviendas, los celulares, los computadores, las redes eléctricas, los vehículos, algunos equipos médicos y buena parte de elementos que nos rodean) tienen su origen en la minería, todo aquello que facilita nuestra existencia tiene compuestos que alguna vez estuvieron en el subsuelo y fueron extraídos para convertirse en bienes útiles. Por esta razón, el sector minero no es un asunto marginal: participa de manera directa en los asuntos sociales, en el desarrollo económico y en la sostenibilidad ambiental de los territorios.
En este contexto, cobra especial relevancia la manera en que el Estado regula y orienta la actividad extractiva, las decisiones del Gobierno nacional pueden impulsar, transformar o frenar dinámicas que afectan de manera profunda a miles de familias que viven en zonas mineras, por eso, la discusión sobre el proyecto de ley del nuevo Código Minero presentado por el Gobierno Petro es crucial.
Aunque la iniciativa pretende actualizar el marco normativo del sector, el proyecto termina siendo más un compendio de declaraciones que una propuesta con acciones concretas, no ofrece respuestas suficientes frente a los retos reales de la minería ni frente a las inquietudes de las comunidades que habitan estos territorios. El país necesita un marco que permita avanzar en desafíos históricos como la formalización de mineros ancestrales, el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental y la construcción de reglas claras que reconozcan las particularidades de cada región.
Lo que sí resulta evidente es la intención de debilitar un sector que hoy genera miles de empleos, aporta a la economía nacional y sostiene, en buena medida, la financiación del desarrollo territorial a través del Sistema General de Regalías (SGR), desincentivar la minería responsable no solo pondría en riesgo puestos de trabajo, sino también los recursos que reciben los municipios para cerrar brechas sociales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables.
Por eso, desde los territorios es necesario promover una articulación efectiva entre las empresas, la academia, los gobiernos locales y las comunidades, solo así es posible construir acuerdos mínimos que garanticen el respeto por el ambiente, los derechos de las poblaciones y la sostenibilidad a largo plazo, el país requiere más diálogo y menos imposiciones.
En Marmato se ha venido gestando un buen ejemplo de minería sostenible, en este municipio se vienen adelantando procesos que podrían replicarse en otras regiones: la tan anhelada formalización minera avanza gracias a la expedición del Decreto 1153 del 2025, que permitirá fortalecer la relación entre la minería tradicional y las grandes empresas, además el territorio evidencia avances en educación, emprendimiento, identidad cultural y sostenibilidad, gracias a un trabajo conjunto entre las organizaciones mineras responsables y las fuerzas vivas de la comunidad.
El desarrollo del país no debe sustentarse en la persecución de empresas legalmente constituidas ni en el castigo a quienes operan con licenciamiento social y compromiso ambiental, hacerlo podría abrir la puerta para que actores ilegales ocupen los territorios, promoviendo prácticas extractivas sin control, sin responsabilidad y sin respeto por la gente y la naturaleza.
La minería puede y debe ser un motor de bienestar, siempre que esté basada en la formalidad, la sostenibilidad y el diálogo territorial, debilitarla no solucionará los problemas, por el contrario, podría profundizarlos.