Colombia está conformada por 1.123 municipios, clasificados en seis categorías administrativas, de los cuales el 88% pertenece al grupo de menor tamaño; es decir, son localidades altamente rurales, con profundas necesidades sociales y una limitada capacidad para generar ingresos propios a través de impuestos. Por esta razón, el Gobierno nacional, por mandato constitucional, debe realizar anualmente transferencias económicas a través del Sistema General de Participaciones (SGP), recurso que se constituye en la principal fuente de financiación para la mayoría de los territorios del país.
Este modelo de financiación territorial está directamente ligado al concepto de autonomía fiscal, entendida como la capacidad que tiene una entidad territorial para financiar planes y proyectos que beneficien a su comunidad, atendiendo las particularidades y condiciones de su territorio; sin embargo, este principio proclamado como una de las grandes conquistas del Estado colombiano, hoy se encuentra en crisis, debido a que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado la posibilidad de reducir en un 48% los recursos del SGP para el año 2026, lo que generaría una grave afectación, especialmente en las localidades más pequeñas, poniendo en riesgo la financiación de sectores fundamentales como la educación, la salud, el campo, la cultura, entre otros.
La estrategia del Gobierno nacional apunta al fortalecimiento del Estado central y, para ello, busca reducir los recursos de los municipios, obligando a los alcaldes a resolver las necesidades más apremiantes de sus comunidades con presupuestos cada vez más limitados. Esta postura contradice el discurso de fortalecer el país desde las regiones y evidencia una profunda crisis de la autonomía fiscal y del modelo de descentralización que ha sostenido el desarrollo territorial durante las últimas décadas.
A esto se suma la expectativa generada alrededor de la llamada Ley de Competencias, que en teoría busca asignar mayores responsabilidades y recursos a los municipios, pero resulta contradictorio que, mientras se anuncia una reforma para fortalecer a los municipios, se pretenda reducir de manera significativa los recursos con los que cuentan las alcaldías para atender los problemas de las poblaciones más vulnerables.
Ante este panorama, la Federación Colombiana de Municipios, en articulación con alcaldes de diferentes regiones del país, ha levantado su voz de advertencia y preocupación, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta definitiva del Ministerio de Hacienda. Revertir esta decisión es clave para la sostenibilidad fiscal de las localidades y la garantía de los derechos fundamentales de millones de colombianos.
Es necesario que los alcaldes, desde su liderazgo territorial, se articulen para exigir al Gobierno nacional la entrega oportuna y completa de los recursos que le corresponden a los municipios a través del SGP, evitando que sean las comunidades las que terminen pagando las consecuencias de los malos manejos de la política fiscal que amenaza con profundizar la crisis económica y social del país.
Colombia no puede avanzar hacia el desarrollo debilitando su institucionalidad local, requerimos un gobierno nacional que respete la autonomía fiscal, fortalezca la descentralización y entienda que el progreso del país se construye desde sus municipios, solo así será posible garantizar un Estado más equitativo, eficiente y cercano a las realidades del territorio.