$2 millones les exigió un patrullero de la Policía a un hombre señalado de expender estupefacientes, y a su esposa, con el supuesto objetivo de evitar que le aplicaran la extinción de dominio a su vivienda en Neira.

En un operativo capturaron al ciudadano y le incautaron drogas, así como $3 millones en efectivo. Sin embargo, en las audiencias de control de garantías, el juez ordenó devolver el dinero a su propietario, al no comprobarse que fuera producto de la venta.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, al darse cuenta de esto, el uniformado Luis Fenando Canabal Moreno, contactó a la pareja y les manifestó que podría ayudarle para no darle tanta trascendencia a dicho procedimiento judicial. Sin embargo, al ciudadano lo enviaron a la cárcel.

Le pagaron $2 millones

Para no perder esa posibilidad de quedarse con un dinero, dijo que la vivienda allanada entraría en un proceso de extinción de dominio, por lo que les pidió $2 millones para evitar que ocurriera.

Ellos accedieron y le entregaron dicha suma. Sin embargo, un tiempo después, dado que la mujer quedó sola y su esposo seguía encerrado, ella le manifestó a Canabal Moreno que padecía problemas económicos y necesitaba que le devolviera el dinero, lo que no ocurrió.

Todas las veces que tuvieron contacto con el uniformado, tanto el capturado como su esposa grabaron las conversaciones, lo que sirvió de prueba para que lo investigaran por concusión.

El 20 de marzo del 2019, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Manizales absolvió al ciudadano y ordenó compulsar copias. En el 2023 se dio inicio a la audiencia preparatoria y este año, cuando se pretendía dar inicio al juicio, la Fiscalía anunció un preacuerdo con el patrullero.

El hombre reconoció su responsabilidad, devolvió el dinero y su delito se cambió de autor a cómplice. En consecuencia, ante el Juzgado Segundo se expuso el trato que consiste en el pago de 4 años de prisión, 40 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de $27 millones 600 mil.

¿Qué es la concusión?

El artículo 404 del Código Penal establece que el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de 8 años a 15 años, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos puede llegar a los 12 años.

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