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LA PATRIA | MANIZALES

Unas plantas propiciaron una discusión entre dos vecinos en un conjunto residencial.

Hace 15 días, un hombre, que guarda su moto en la vivienda de su hermano y a veces se hospeda allí, tomó sin permiso algunas plantas que reposaban en las afueras del apartamento de Marta* y empezó a destruirlas.

“Lo estaba mirando por la persiana y vi cuando comenzó a tirarlas al suelo, pues para él representaban hierba o maleza y había que quitarlas”, contó.

 

Arrancar de raíz

La mujer no se inmutó y prefirió que el señor continuara su arremetida contra las matas. Días después, Marta se enteró de que la Administración del conjunto había ordenado quitarlas. Solo tenían permiso para ubicar dos o tres en la entrada de la casa.

“Yo dejé una matica al lado de la puerta y el señor volvió nuevamente y la tiró en la zona verde y le arrancó las hojitas”.

Ella decidió salir con su hijo menor de cinco años a preguntarle el por qué de su comportamiento.

 

La intimidó

Según la versión de la afectada, el hombre le respondió de forma grosera y la amenazó. “Dijo que la mata era de él, que lo que no le gustaba lo exterminaba, que me entrara a la casa, si no quería que me pasara lo mismo”.

El pequeño salió corriendo hacia al apartamento y empezó a llorar. El incidente fue notificado a la Policía, pero el vecino logró irse antes de la llegada de las autoridades. Las palabras en tono amenazante han generado preocupación en la señora.

Karol Perafán Tobar, asesora jurídica de Seguridad y Convivencia de la Policía Metropolitana de Manizales, indicó que este es un caso de intimidación que afecta la sana convivencia. “Ella no manifestó que fuera exactamente una amenaza de muerte”.

 

¿A dónde acudir?

Si usted, su familia o su comunidad son víctimas de un caso similar, en el cual por cualquier medio (llamadas, mensajes en redes sociales, panfletos, cartas amenazantes, entre otros) alguien es atemorizado o amenazado, tenga en cuenta que puede acudir a las siguientes instancias:

1. Comunicarse a la línea 123 de la Policía Nacional, que se encargará de enviarle un grupo de mediadores. Ellos están facultados para citar a las partes involucradas y lograr dirimir los conflictos generados de manera inmediata. Si no se logra un acuerdo, las autoridades trasladarán el caso a la Inspección.

Puede solicitar intermediarios en el cuadrante o en la oficina del Centro de Traslado por Protección, ubicada en Las Américas, por la antigua Terminal. Tobar indicó que en Manizales se han realizado cerca de 435 mediaciones en el año.

2.Si la situación es más grave o el amenazado considera que su vida está en peligro, puede denunciar en la Fiscalía de forma verbal o escrita, narrando los hechos de manera clara y breve, o acudir a las instalaciones de la Sijín.

Ingrese a la plataforma virtual Adenunciar, disponible en las páginas www.fiscalia.gov.co o www.policia.gov.co

También puede intentar a través de la línea 122 a los siguientes teléfonos de las salas de denuncias de Manizales:

3117725899

3117694098

3175101663

 

3.En caso de no poder asistir directamente a la Fiscalía, puede dirigirse al cuadrante de la Policía Nacional más cercano, donde recibirán su denuncia y la redireccionarán de inmediato a la autoridad competente.

4.Si considera que existe peligro inminente en contra de su vida, integridad, libertad y seguridad personal, como consecuencia del cargo que ostenta por ser dirigente de grupos políticos, líder social, periodista, víctima del conflicto armado, ser testigo en casos que tengan que ver con el conflicto u otros, usted podrá exigir protección, ya sea a la Unidad Nacional de Protección o ante la Fiscalía.

 

Tenga en cuenta

*El dato

Una vez presentada la denuncia, se iniciarán las investigaciones y, de ser procedente, se adelantará el proceso penal que dará lugar a imponer las sanciones.

*Multa y cárcel

La pena de prisión estipulada para el delito de amenaza es de cuatro a ocho años y una multa que oscila entre 13,33 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la amenaza o intimidación recae sobre un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeña, la pena se aumentará en una tercera parte.

En caso de que no se llegue a un acuerdo en las mediciones policivas, el señalado deberá pagar una multa de categoría 2, que equivale a ocho salarios mínimos (cerca de $234 mil).

 

*El nombre fue cambiado por petición de la fuente.

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