Familiares de las 13 personas latinoamericanas que fallecieron en el incendio de dos discotecas en Murcia (sureste de España) reclamaron justicia este jueves, cuando se cumplen dos años de la tragedia.

Cinco ecuatorianos, cinco nicaragüenses y tres colombianos murieron como consecuencia del incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros el 1 de octubre de 2023.

Los afectados por la tragedia se concentraron este jueves a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia para recordar a los fallecidos y exigir que se investigue a los responsables municipales que emitieron y no ejecutaron la orden de cierre que tenían las discotecas.

La jueza que instruye la causa rechazó en dos ocasiones esa petición, que está recurrida en los tribunales, y, tanto para las víctimas como para sus abogados, éste está siendo el principal escollo en el procedimiento.

Jairo Correa, que perdió en el incendio a su hija la manizaleña Leidy Paola, asegura que más fuerte que la tristeza y el duelo es la “frustración” por esa falta de investigación contra los responsables municipales, a pesar de la promesa del alcalde, José Ballesta, en los días posteriores a la tragedia, de que se llegaría hasta el final del caso “caiga quien caiga”.

“Después de eso vinieron los engaños, la falta de atención y de humanidad por parte de la jueza. (…) ¿Cómo habrá justicia si quien tiene que repartirla la esconde y no la aplica, cuando hay un culpable a la vista de todo el mundo?”, lamentó.

Familiares y abogados tienen clara la responsabilidad del Ayuntamiento, que había emitido una orden de cese de actividad contra las discotecas en enero de 2022, casi dos años antes del incendio, pero no la había ejecutado, a pesar de los importantes incumplimientos en materia de seguridad y de medidas antincendios de las dos salas que quedaron patentes durante la investigación.

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Por eso, Enrique Altamirano, que perdió a su padre en el incendio, asegura que su única esperanza es “que algún día se haga justicia” y recibir “una llamada de alguien que nos diga que hubo un culpable”.

En estos dos años, lamenta Ferney Lozano, que sobrevivió al incendio pero perdió en él a su mujer, Lula, ni siquiera han recibido “una llamada de apoyo, absolutamente nada”, por eso, pide a los responsables municipales “que se pongan la mano en el corazón y piensen que estamos sufriendo, necesitamos una ayuda”, dijo.

La hija de Lula, Bridget, tenía 17 años cuando falleció su madre. “Nadie me va a devolver a mi madre, pero quiero que haya algún responsable. Nadie está dando la cara por este caso”, resumió.

Es el mismo sentir que manifiesta Dubys Reyes, cuyo hijo murió en la tragedia y que considera que dos años después están “en el olvido” y “lo están pasando muy mal”, por lo que exige que los afectados sean escuchados para lograr esa justicia.

En esta línea, la abogada Rosa Egea insistió en que “las familias de las víctimas y los supervivientes no comprenden cómo se cierra la fase de instrucción (lo hará el próximo 1 de enero) teniendo en cuenta que no se ha dado noticia del Ayuntamiento”, por lo que aseguró que seguirán en la lucha para conseguirlo.

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