Si el transporte escolar, como ayuda estatal para las instituciones educativas públicas, existe desde hace más de una década, por qué en Caldas los alcaldes de municipios diferentes a Manizales siguen teniendo tantos problemas cada inicio de año para cubrir este gasto. Así se haya convertido  en un rubro fijo de los presupuestos municipales para el que deben destinar recursos, se repite siempre la falta de fondos suficientes para que el servicio esté presente durante las 40 semanas del calendario académico. La mayoría de mandatarios del departamento, según un informe publicado por LA PATRIA esta semana, todavía no tienen asegurados los dineros porque ven que cada vez es menos viable pagarlo con recursos de Calidad y Gratuidad que llegan vía Sistema General de Participaciones (SGP) desde el Gobierno nacional.

Quizás en algunas alcaldías haya ausencia de planificación y falte capacidad de gestión para acceder a otro tipo de recursos diferentes a los propios; pero también hay que decir que los presupuestos de la mayoría de municipios en Caldas son bastante limitados por ser de categoría sexta y se les hace muy difícil asegurar un recurso para tener habilitado este servicio todo el año lectivo. La Gobernación debe ser consciente de que esta situación fiscal deja a los municipios en una situación de dependencia extrema del Departamento para que les ayude a cofinanciar este gasto con recursos de la Secretaría de Educación, como se ha hecho siempre bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad.

También es necesario aclarar que el pago del transporte escolar no es una obligación estipulada en la ley para las alcaldías o las gobernaciones; en Caldas se mantiene porque su objetivo primordial va dirigido a garantizar la permanencia de unos 10 mil alumnos, en la actualidad, y así no dejarlos expuestos y sin clases, especialmente a los que residen en zonas rurales dispersas. Junto con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte se convierte en una facilidad para los padres de familia y en un aliciente para que los alumnos no desistan de continuar las actividades académicas y salgan a aumentar las negativas tasas de deserción escolar.

Cuántos profesionales hoy agradecen ese esfuerzo que hicieron en su momento los territorios para que pudieran ver consolidados sus proyectos educativos durante la primaria y la secundaria. Pero también debe ser una responsabilidad compartida con las instituciones educativas y los padres, porque hay familias que teniendo recursos o facilidades de transportar a sus hijos no lo hacen y siguen en una posición cómoda de recibir ayudas. El servicio de transporte escolar debe ser para quienes carezcan de medios comprobados por los planteles, que seguramente son muchos en Caldas y es la población que no se puede descuidar.

Pueda ser que las alcaldías de Caldas que hoy están en dificultades para asegurar el transporte escolar para lo que resta del año académico 2025 alcancen a solucionar pronto en este primer semestre la falta de recursos, sea acudiendo a figuras fiscales como disponer de vigencias futuras o pensando en otras opciones como los subsidios. Algunos gobernadores en Caldas optaron por asumir el costo de este servicio en el primer semestre del año, mientras las alcaldías logran recaudos de predial y otros impuestos que les permitan cubrir el transporte escolar en el segundo semestre. Esa es otra opción.