La denuncia de una líder social y víctima del conflicto, por las agresiones que empezó a sufrir su hija menor de edad en Pácora desde el año pasado, terminó destapando un escándalo mayor por el supuesto acoso sexual contra la joven a manos de un oficial de Policía.

Según el relato de la progenitora, una mujer la empezó a asediar y, ante el reclamo, le exigió respeto. Por un tiempo hubo calma, pero 20 días después, una familiar de la señalada buscó a la adolescente y le dijo que le iba a hacer daño. Aunque cerca estaban unas auxiliares de Policía, les pidió apoyo, pero se hicieron las de oídos sordos.

Después acudió a denunciar los hechos ante la Policía y fue eso lo que causó otro problema. Sostuvo que por su condición deben pasarle revista constantemente y para eso hay un uniformado asignado, pero en vez de este, fueron otras personas no aptas y no firmó el comprobante.

Al parecer, dijo, la señalada de asediar a su hija es una persona conocida en el pueblo y usó ese poder para que la Policía le impusiera un comparendo, le ordenaron no acercarse o dirigirle la palabra o habría más consecuencias legales.

Tras dichos desplantes y problemas, acudió a un defensor de derechos humanos, quien le ayudó a redactar la denuncia y la envió a la Inspección, pero una vez supieron sobre quién se trataba (la señalada de agredir a la joven), le dijeron que no le recibirían la queja, pero momentos después le llegó una citación por una acusación que las otras dos involucradas le pusieron.

"Hemos buscado ayuda y no nos ponen atención, no podemos salir de la casa, mi hija está en terapia de psicología y psiquiatría. Mi niña es muy activa, estaba contenta por sus resultados académicos, y por estas cosas no quiere salir de la vivienda", dijo la denunciante.

Sin embargo, las cosas no quedan ahí. Sostuvo que otros familiares de quienes las persiguen se sumaron con burlas delante de ellas, les dejaron la reputación por el piso y en redes sociales, desde perfiles falsos, tienen expuesta a la joven, aún sabiendo que es menor de edad.

Poner en conocimiento de las autoridades estos hechos tampoco llegó a buen puerto. La razón, cree la progenitora, es que el oficial se dedicó a hacerle insinuaciones sexuales y a ofrecerle dinero. Además señala a otros uniformados de participar en la encerrona en las redes sociales.

Denunciado por delitos sexuales agravados

El abogado Rafael Torregroza Gutiérrez asumió la defensa de la adolescente y el pasado 10 de abril denunció ante la Fiscalía al oficial por demanda de explotación sexual comercial en menor de 18 años y acoso sexual agravado.

Indicó que en el 2024 este empezó a tener contacto con la joven, luego de una mediación policial por lesiones personales. Aprovechando su posición obtuvo el número de ella y empezó a enviarle mensajes por WhatsApp.

Cada vez su contacto fue más frecuente, bajo la excusa de querer hacer seguimiento a las mediaciones. Esa persecución incluso se habría presentado en el colegio donde estudia ella, pues tras una visita oficial, empezó a escribirle sobre lo linda que se veía.

Luego, el señalado le pidió mantener las conversaciones en secreto, la invitó a comer y ella accedió, en donde los comentarios fueron aumentando de calibre y en otra ocasión "la llevó hasta su apartamento ubicado en la Estación y fue allí en donde le ofreció dinero a cambio de abusar de ella", bajo lo que denominó el abogado como una presión emocional generada por la figura de autoridad.

Le habría llegado a ofrecer hasta $2 millones, la víctima se negó y se marchó. Sin embargo, la insistencia siguió por medio de WhatsApp y ante la negativa, según expresó Torregroza, la persecución continuó contra la madre (recordemos las amenazas de imponerle comparendos).

El abogado recordó que la mujer es sujeto de especial protección del Estado por su labor durante 10 años como defensora de Derechos Humanos, además de ser desplazada por la violencia en el 2005, quien debería gozar de protección de quienes hoy le niegan ese apoyo.

Puntualizó que desde el 25 de noviembre del 2024 se denunciaron formalmente estos hechos ante la Policía de Caldas, sin que a la fecha se haya pronunciado de fondo frente a la vulneración de derechos de una menor y de una defensora de Derechos Humanos.

Responden que se adelanta el debido proceso

La Policía de Caldas le respondió a LA PATRIA que, tras recibir dicha denuncia, esta se remitió a la inspección delegada regional de instrucción, para fines investigativos. Dichas actuaciones se pusieron en conocimiento de la madre.

También, la inspección con funciones disciplinarias le notificó que "ese despacho había considerado pertinente abrir indagación previa. Actualmente se encuentra en etapa de investigación disciplinaria".

Además, en el Sistema de garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano, se podrá consultar y hacer seguimiento en línea a las peticiones o quejas que se presenten a la Policía.

"Lo cual permite generar transparencia a todas nuestras actuaciones. Por tal motivo, la ciudadana podrá acudir a estos medios para conocer el estado de sus inconformismos", explica en el comunicado.

Indicó también que la institución es respetuosa de la presunción de inocencia y derechos como la defensa y la contradicción, los que se garantizan en cada etapa del proceso disciplinario. En su poder existen dos antecedentes en los que la mujer expuso los presuntos comportamiento inadecuados del personal uniformado.

"En el marco de la Política Integral de Transparencia Policial, en búsqueda de fortalecer la cultura y ética institucional, el Departamento de Policía Caldas rechaza cualquier manifestación de violencia contra la mujer o acción que se aparte de los lineamientos institucionales", especificó.

Por último, comunicó que el Comando de Policía de Caldas se compromete con la protección de los derechos humanos y con la disposición para velar porque sus miembros actúen dentro del respeto y cumplimiento de normas.

Hárrison Alzate, secretario de Gobierno de Pácora, sostuvo que si bien la Inspección de Policía depende de la Secretaria General y de Gobierno, es autónoma en sus procesos.

Añadió que sabe el caso porque se trató en el comité civil de convivencia, en el que se analizan las actuaciones de los policías. Este hecho lo conoció la Personería municipal.

El oficial fue trasladado esta semana para Viterbo.

Confrontado

La madre reconoció que confrontó a un sujeto, familiar de las supuestas agresoras, que constantemente se burla y calumnia a su hija, quien se le burló y en consecuencia le pegó una cachetada. La pareja de este, al parecer, tilda a la menor de ser una prepago.

Comportamientos persisten

Rafael Torregroza denunció que desde inicios del 2025 los hostigamientos del oficial continuaron y aprovechando su posición busca cualquier pretexto para contactar a la adolescente. Ante estos hechos y el temor de que algo peor ocurra, la madre optó por prohibirle a la joven salir a la calle.

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