Foto | Cortesía Policía | LA PATRIA
La falta de denuncia y el desconocimiento de la ley, asegura el experto, llevan a que la impunidad prospere en casos de hurtos.
Los gritos de una mujer en Ondas de Otún alertaron a un par de auxiliares de la Policía de Manizales, quienes se percataron de que se trataba de un hurto. Los jóvenes persiguieron al delincuente y lo detuvieron, hasta que llegaron sus superiores y lo capturaron.
Sin embargo, la afectada, a quien le pretendían robar el celular, optó por no denunciar al sujeto, quien solo recibió un comparendo y estuvo retenido por un día en el Centro de Traslado por Protección.
El ladrón, natural de Aranzazu y de 31 años, cuenta con 7 condenas, especialmente por hurto. Apenas pasaron dos meses desde que recobró su libertad para volver a sus fechorías.
¿En qué está fallando el aparato judicial? ¿Hay errores en los procedimientos? ¿No hay una suficiente rehabilitación en las cárceles? El profesor asociado Norberto Hernández Jiménez, de la Universidad Pontificia Javeriana, considera que el sistema funciona y requiere de ajustes.
Libertad y error
El experto indicó que lo ocurrido con el sujeto en Manizales ocurre con frecuencia y la libertad que le otorgaron es una mala aplicación de la ley, porque un hurto calificado, por haberse usado armas, no es un delito querellable y no requiere de la denuncia de la víctima.
Por ende, lo correcto hubiera sido iniciar un proceso judicial en su contra. La Fiscalía tiene la obligación de efectuar una investigación de oficio. Precisó que pudo tratarse del desconocimiento de los agentes.
No debe haber temor
La reciente Ley 2477, que pretende descongestionar la justicia y, de paso, disminuir el hacinamiento pretende buscar una reparación para las víctimas y evitar la cárcel para el delincuente, entre los que está el hurto.
Hernández Jiménez asegura que existe mucha desinformación al respecto y cuando no se ejerza violencia, se da paso a la indemnización y la eliminación de la responsabilidad penal. Considera que un mal arreglo es mejor que un desgaste judicial en el que incluso puede resultar absuelto el delincuente.
"Es una ley muy reciente para poder hacer un diagnóstico, pero es una buena forma de cambiar la cultura punitivista y puede tener buenos aspectos. La ciudadanía está desinformada y la víctima sí prefiere la reparación que la privación de la libertad", aduce el docente.
Impunidad, causa de mal proceder
La libertad de un detenido causa escozor en la ciudadanía, más cuando las pruebas son evidentes, pero según Hernández Jiménez, esto se debe a problemas en la aplicación de la ley, como en la legalización de captura, se violan derechos fundamentales y el ciudadano termina libre.
"Otra decisión criticada por medios y autoridades administrativas es no poner la medida de aseguramiento, pero es excepcional y se rige por fines constitucionales, como el peligro de fuga, peligro para la víctima o comunidad, o por riesgo de obstrucción a la justicia", menciona.
Sostiene que hay una probable falta de pedagogía con la Policía y debe garantizarse la libertad de todo ciudadano, y cuando ocurren casos que rayan en la impunidad, se deben a la mala aplicación y mal ejercicio del ente acusador.

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Norberto Hernández Jiménez, profesor de la Universidad Pontificia Javeriana
En Colombia, penas son altas
El docente sostiene que Colombia tiene un sistema basado en el anglosajón y las penas son altas, como muestra de ello es el hacinamiento. Considera que son excepcionales los casos en los que las sanciones no son altas, y tienen razón de ser al querer evitar la impunidad.
Cárceles no cumplen
"La resocialización es imposible en las condiciones como están las cárceles. Es necesario cerrar el tamaño de las cárceles, con menos personas para poder resocializarlas", dice Norberto Hernández Jiménez.
¿Se necesita una reforma?
Según el docente, es necesaria una reforma y en la primera parte del gobierno de Gustavo Petro hubo un intento por despenalizar comportamientos obsoletos, pero no hubo trámite. Era un buen proyecto para cambiar la cultura punitivista.
Puntualiza que el problema no es de normas, sino de estructura y operatividad. Es decir, Fiscalía y Policía requieren de más funcionarios y pie de fuerza.
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